botellon_fbCon la aprobación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 31 de marzo de 2015 y con vigencia desde el pasado 1 de julio de 2015, el consumo de alcohol en la calle es considerado una infracción leve, según el artículo 37.17 de la referida Ley de Seguridad Ciudadana.

En concreto, dicho precepto dispone que “El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.”

Es decir, será infracción leve cuando el consumo de alcohol perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana, sin especificar qué se entiende por perturbación de la tranquilidad ciudadana, y qué se entiende por grave.

Sin entrar a analizar la falta de definición mencionada, el artículo 39 de la Ley de Seguridad Ciudadana establece que las infracciones leves se sancionan con una multa de 100 a 600 euros. También, añadiéndose a la multa, se pueden imponer otras sanciones accesorias que, en el caso del consumo de alcohol en la calle, será el comiso de las bebidas alcohólicas, esto es, el bien que ha dado como resultado la comisión de la infracción.

Asimismo, la Ley de Seguridad Ciudadana regula la prescripción de las infracciones y las sanciones, según si es una infracción muy grave, grave o leve. Dado que estamos hablando del consumo de alcohol en la calle, mencionaremos la prescripción de las infracciones y sanciones leves.

En el caso del consumo de bebidas alcohólicas en la calle, la infracción prescribe a los 6 meses, contados desde que se ha cometido la misma, mientras que la sanción prescribe al cabo de un año (contado a partir del día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución impositiva de la sanción).

Además de lo anterior, y sólo si la infracción ha ocasionado daños o perjuicios a la administración pública (como desperfectos en el mobiliario público), la resolución del procedimiento sancionador puede exigir al infractor que reponga a su estado inicial la situación alterada por la infracción, o si esto no es posible, el abono de una indemnización de daños y perjuicios, siempre y cuando dichos daños y perjuicios se hubieran podido determinar. En el caso que no hubieran podido ser determinados, los mismos se fijarán en un procedimiento aparte.

Por último, hay que destacar que, en el supuesto que la infracción haya sido cometida por un menor de edad no emancipado o una persona con la capacidad modificada judicialmente (un incapaz), serán responsables, de forma solidaria, de los daños y perjuicios producidos los padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho.